La suma de subsidios que pagó el Estado Nacional desde su implementación generalizada en 2002 alcanzó un nivel difícil de cuantificar a valores constantes, pero que con la información disponible se puede estimar en casi medio PBI, lo que a su vez deja en evidencia la demora del Gobierno en tomar el toro por las astas y atender un problema que se transformó en el eje del drama económico argentino, porque potencia el déficit fiscal y, en consecuencia, alienta la emisión monetaria y la colocación de deuda.
Un repaso de las estadísticas de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) muestra que en la década transcurrida entre 2012 y 2021, el gasto total en subsidios (energéticos, al Transporte y otros) superó al déficit primario en 1,6 billón de pesos. Un monto que, a pesar de impresionar, es mínimo si se lo pasa a valores constantes.
En momentos en que el dilema pasa por saber si Sergio Massa podrá cumplir con la meta de un déficit de 2,5% del PBI, ese repaso permite comprobar que en los últimos 10 años el gasto en subsidios fue equivalente a casi el 30% del producto.
Si tiene sentido hacer historia contrafáctica, la solución del problema en 2003 hubiera resuelto la situación fiscal y hasta permitido una rebaja de impuestos. En la agenda de Massa, quizás el tema de las retenciones al agro no figuraría ni tampoco Matías Tombolini tendría que analizar la actualización de un programa de Precios Cuidados que nunca hubiera sido creado.
Pero más allá de las especulaciones sobre lo que podría ser la realidad de un país acuciado por la inflación, el déficit fiscal y la falta de dólares (con el consabido correlato social de cada uno de esos fenómenos), cabe plantearse la responsabilidad (y los responsables) de venir financiando desde hace dos décadas un sistema de subsidios que, según la propia confesión oficial, favorece a los sectores de mayores recursos.
No faltaron avisos que alertaran sobre esa situación. Ya en 2003, el entonces vicepresidente Daniel Scioli, debió pagar con la condena kirchnerista durante varios meses por atreverse a plantear que las tarifas estuvieran adecuadas a los costos de los servicios. Al año siguiente, fue el ministro Roberto Lavagna el que no pudo avanzar en ese sentido ante la oposición de entidades defensoras de los consumidores (¿cuáles, los de mayor poder adquisitivo?).
La «sintonía fina» de fines de 2011 duró unas pocas semanas y en 2014 hubo una tímida adecuación que no alcanzó a compensar el aumento de los costos, hasta que en la gestión macrista los incrementos se aplicaron de tal manera que generaron una conmoción social que, para muchos, le costó la reelección.
Los aumentos que se avecinarían con la segmentación -parcialmente modificada, según niveles de consumo- serían insuficientes no solo para compensar los costos sino también para reducir el peso de los subsidios en el déficit fiscal primario y financiero. Las consecuencia de haber escondido la basura debajo de la alfombra durante dos décadas son impredecibles y esta historia recién comienza.