El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuenta en la actualidad con recursos que apenas alcanzar para cubrir el 51,6% de los beneficios que paga, por la combinación de una serie de factores entre los que se destacan la baja relación entre activos y pasivos, la incorporación de millones de jubilados y pensionados a través de sucesivas moratorias, la suma de beneficios por fuera de los haberes y la mayor expectativa de vida de la población.
El cálculo corresponde a un estudio realizado para la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) por los analistas Andrés Kolesnik y María Josefina Báez, con la supervisión de María Eugenia David Du Mutel de Pierrepont, en el que se concluye que, si se busca alcanzar la cobertura al 100%, deberían aumentarse los aportes y contribuciones en 26 puntos porcentuales o bien duplicar la cantidad de aportantes, lo que implicaría en los hechos desterrar el trabajo informal.
A diciembre de 2021, el SIPA contaba con 9.905.314 aportantes únicos (48% de la población activa en el país) que representaron 10.164.776 puestos de trabajo, con un 93,2% de personas que aportaron al régimen general, un 6% a los regímenes especiales y un 0,8% restante a los regímenes policiales y penitenciarios provinciales transferidos.
La población activa restante la componen trabajadores que aportan a regímenes previsionales por fuera de ANSES (17%), desocupados (6%) y trabajadores informales (29%) que no se encuentran amparados por ninguna normativa y por lo tanto no realizan aportes previsionales y, de continuar en dicha situación, no les corresponderán beneficios previsionales.
Respecto a pasivos, el sistema contaba a dicha fecha con 5.420.234 beneficiarios únicos (75,9% de la población en edad teórica pasiva y/o con beneficios previsionales) que perciben 6.625.136 beneficios entre jubilaciones y pensiones.
El 95,9% de los beneficios corresponden al régimen general, el 3,4% a los regímenes especiales y el 0,7% a los policiales y penitenciarios. Más de 600.000 personas con beneficios previsionales siguen trabajando para complementar sus haberes.
El resto de la población en edad de jubilarse la componen quienes reciben la Prestación Universal de Adultos Mayores, PUAM (3,3%), los pasivos de regímenes por fuera de ANSES (12,2%) y quienes no poseen ninguna cobertura (8,6%). Estos últimos pueden clasificarse en quienes continúan trabajando en el mercado formal (4%), quienes continúan trabajando en el mercado informal (1,6%) y quienes se encuentran inactivos (3%).
Al comparar los ingresos contributivos del sistema con los pagos de beneficios, es decir, al analizar la capacidad de autofinanciamiento, se observa que el SIPA presentó en diciembre de 2021 un déficit de $144.016 millones, se destacó en el informe de la OPC.
“En otras palabras, el sistema cubre el 51,6% de los beneficios que paga”, remarcó.
La OPC señaló que “si se quisiera cubrir el déficit mediante aportes y contribuciones y manteniendo el resto de las variables constantes, éstas deberían aumentarse 26 puntos porcentuales en promedio por sobre las remuneraciones actuales”.
“Si, en cambio, se operara sobre la relación activos-pasivos, los activos del sistema debieran ser el doble de los actuales para tener un resultado financiero nulo”, completó.
En el detalle, Kolesnik y Báez precisaron que “a excepción del régimen para docentes universitarios (que presenta un superávit del 10,2%), todos los regímenes administrados por ANSES, analizados de manera individual, presentan déficit, es decir, que los pagos de beneficios son mayores a los ingresos por cotizaciones”.
El porcentaje no cubierto por el componente contributivo del SIPA se financia con otros recursos tributarios y no tributarios afectados, según las previsiones contenidas en la normativa previsional vigente.