Buenos Aires, ene 14 (ANP).- El 36,1% de inflación con el que cerró 2020 esconde en su composición una verdadera bomba de tiempo para 2021 y los años siguientes, si se tiene en cuenta la enorme disparidad en la evolución de los precios que generó el congelamiento de tarifas y, en parte, la profunda recesión derivada de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.
Todo índice estadístico es un promedio ponderado de miles de variables que, desde ya, no tienen una evolución uniforme, por lo que no cabe esperar en ninguna economía del mundo una variación pareja de los distintos factores que lo componen.
Pero si a esa realidad se la fuerza con el control de algunos precios y el congelamiento de las tarifas de los servicios mientras la mayoría de los bienes están total o parcialmente liberados, la brecha entre los diferentes factores terminará por conformar un escenario del que difícilmente pueda salirse sin una disparada descomunal de precios.
En el caso concreto de 2020, quedarse con el 36,1% general no ayudará a entender el problema y más que nunca es necesario adentrarse en los detalles aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para darse cuenta de cuáles son los componentes de la bomba de tiempo.
Los precios de los servicios tuvieron en los doce meses del año pasado un incremento del 22,2%, casi la mitad del 43% que en el mismo lapso aumentaron los bienes. En cuanto a los regulados, el 14,8% desentonó ante el 39,4% de la inflación núcleo y fue más de cuatro veces inferior al 64,4% de los estacionales.
Luego de repasar los porcentajes, surgen dos preguntas: ¿Cuál fue la inflación real de 2020? ¿Qué pasará cuando los precios regulados se liberen y tiendan a nivelarse con el resto? En este caso, al revés de lo que ocurre con la sociedad, la nivelación nunca es para abajo.
Pero las diferencias son aún mayores si se consideran las divisiones del Índice de Precios al Consumidor. “Prendas de vestir y calzado” tuvo un incremento anual del 60%, 23,9 puntos porcentuales más que el nivel general y casi ocho veces más que “Comunicación”, integrado por internet y telefonía, dos de los sectores con tarifas reguladas.
El resultado en el mediano plazo no podrá salir de dos opciones: un deterioro en la calidad de los servicios o una suba descomunal de tarifas que los tornará inaccesibles para la mayoría de la población. Un dilema del que tampoco podrán salir los servicios de electricidad y gas, además del transporte público de pasajeros. Al respecto, un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso llegó a la conclusión que en junio de 2020 el precio del pasaje de colectivo en el AMBA sólo cubría el 9% del costo total.
En un año en el que chocarán las necesidades electorales con las de reducir el abultado déficit fiscal que dejó el año pasado (otra bomba de tiempo), resolver ese problema será crucial. Pero esa resolución vendrá con el inconveniente de siempre: una disparada de precios que podría dejar al 4% de diciembre como un buen recuerdo.
Nadie quiere pasar a la historia como el émulo de Celestino Rodrigo y Martín Guzmán no es la excepción. Pero más allá de quién sea el ejecutor del “sinceramiento”, al presidente Alberto Fernández le quedan casi tres años de mandato. Demasiado tiempo para seguir ocultando la basura debajo de la alfombra.