Buenos Aires, jun 21 (ANP)- Unos 57.000 jubilados y pensionados perciben haberes superiores al tope de $113.000 que actualmente fija la ley, debido a que “dentro de la compleja maraña regulatoria se filtran privilegios”, aseguró hoy el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).
La entidad dirigida por Jorge Colina señaló la anomalía de la existencia de un grupo de beneficiarios que perciben jubilaciones superiores a la máxima luego de conocerse que “se abrió la posibilidad de que el ex vicepresidente (Amado) Boudou reciba una jubilación del Estado cuyo monto, según trascendidos, rondaría entre los $300 mil y $400 mil mensuales”, una suma “muy superior al haber máximo que expresamente contempla la ley, actualmente fijado en $113 mil”.
IDESA precisó que el caso de Boudou no es uno aislado sino que “según información publicada por la ANSES, de los 5,7 millones de jubilados y pensionados del sistema nacional, hay 57 mil que superan el haber máximo”.
De ese grupo, agregó, “36 mil personas reciben sólo una jubilación o una pensión”, en tanto “17 mil personas reciben 2 beneficios conformados por una jubilación propia y una pensión derivada por fallecimiento del cónyuge” y las 4 mil restantes “obtuvieron el beneficio a través de las moratorias”.
“Estos datos testimonian las injusticias que se generan como consecuencia del mal diseño de las normas previsionales”, denunció, como consecuencia de que “dentro de la compleja maraña regulatoria se filtran privilegios que permiten acceder a haberes muy superiores a los que la propia norma fija como máximo”.
“También se permite cobrar altos haberes a través de la duplicación de beneficios o utilizando las moratorias, es decir, sin haber cumplido con un mínimo de aportes”, indicó.
IDESA destacó que en “los sistemas previsionales bien organizados” se asume que “el Estado tiene que garantizar, a quienes tienen ingresos bajos y medios, un haber que guarde una razonable proporcionalidad con los ingresos de la vida activa”.
“Pero no se considera que existan razones para que el Estado se involucre en garantizar ingresos que vayan más allá de esos niveles. Resulta impropio de un sistema solidario que se asignen recursos para financiar altas jubilaciones a personas de altos ingresos”, sostuvo, agregando al respecto que para estos casos “se contemplan regímenes complementarios que funcionan bajo estrictos criterios de capitalización”.
En ese sentido, puso como ejemplo la lógica “del sistema previsional mixto de Uruguay”, en el que “las personas están cubiertas en sus primeros tramos de ingresos por el sistema público solidario de reparto y, pasado determinado nivel de salario, se aporta el excedente al régimen de capitalización” y en consecuencia “quienes obtienen altas jubilaciones es porque ahorraron durante su vida activa y no por un privilegio legal como ocurre en la Argentina.
En referencia específica a Boudou, IDESA planteó que “resulta muy sugerente que quien fue el principal impulsor de la eliminación del régimen de capitalización en la Argentina, argumentando en ese momento la Justicia Social, sea ahora quien acceda a una irritante jubilación de privilegio”.
“Semejante nivel de degradación debería motorizar un ordenamiento previsional”, puntualizó, por lo que pidió “una combinación inteligente” de los regímenes de capitalización y de reparto “como tiene Uruguay”, para no caer en los problemas del sistema de capitalización chileno que, aseguró, “no es un buen esquema para personas de bajos ingresos”, ni en los del argentino, donde ocurre lo mismo para los de ingresos altos.