Buenos Aires, may 22 (ANP) – El Gobierno Nacional convocó a las empresas para que participen en las licitaciones de compras de alimentos para planes sociales y le vendan esos productos por debajo de los precios máximos que han establecido.
La convocatoria se realizó el jueves en el Ministerio de Desarrollo Productivo, y participaron el dueño de casa, Matías Kulfas y su par de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, luego de que quedaran “desiertas” varias licitaciones para venderle alimentos al Estado, porque los proveedores ofrecían productos con precios muy por encima de los que figuran en el programa “Precios Cuidados”.
A comienzos de mes, Desarrollo Social, convocó a 647 proveedores para la compra, a través de un licitación, de 1.700.000 paquetes de 400 gramos de lentejas . El periodista Diego Cabot, en el diario La Nación, dio cuenta que la licitación quedó desierta porque “ninguno estuvo dispuesto a los precios que el Estado se autoimpuso como tope”.
Solo hubo sólo dos ofertas. Una se desestimó por razones vinculadas a la falta de certeza en el cumplimiento y la segunda, en la que la empresa sólo podía vender el 10% del total, pedía $62,99 por cada paquete, muy por encima de los $ 38,64 que estableció el Ministerio como precio máximo. Arroyo decidió dar por terminada la compra y declarar desierto el llamado.
Ahora, Kulfas, más Arroyo, y varios otros funcionarios, intentaron que una treintena de empresas fabricantes de alimentos ingresen también al negocio de ser proveedor del Estado.
La información dio cuenta que del encuentro participaron cerca de 30 empresas entre las que se contaron Mastellone, Nestlé, Sancor, Verónica, Ilolay, La Sibila, Dulcor, Molino Río de la Pata, Bunge, Molinos Tres Arroyos, Morixe, Adecoagro, Dos Hermanos, Molino Chacabuco, Molinos Cañuelas, Molto/Marolio, Unilever, Ramoneda, La Egipciana, INCA, Aceitera General Deheza (AGD), Arcor Inapla, Ledesma y Seaword; y las entidades empresarias COPAL y CLERA.
Habrá que esperar a nuevas licitaciones para ver cuál fue el resultado de esta gestión que comenzó a debatirse luego del escándalo por la compra de fideos de tercera calidad que se entregaron a comedores comunitarios a precios muy por encima del máximo.