BUENOS AIRES (ANP).- El empleo formal volvió a sufrir una caída en julio, con un acumulado de 14 meses en rojo para el sector privado, según se desprende de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
En julio, se registraron 9.085 bajas en el empleo asalariado, convirtiéndose en el peor mes para el indicador desde noviembre del año pasado. Los números revelan que desde noviembre de 2023, la cifra total de trabajadores formales que fueron desvinculados de sus puestos alcanza los 370.343, un problema que ahora se da sin la amortiguación del empleo estatal.
Un análisis elaborado por Luis Campos, especialista del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, advierte que en el último año la velocidad de la destrucción de empleo en el sector privado igualó en magnitud a la de los dos últimos años del gobierno de Cambiemos (2018-2019).
Sin embargo, el informe destaca como factor diferencial crítico respecto de aquel proceso que ahora, el sector público dejó de funcionar como un amortiguador o «colchón» para absorber la mano de obra desplazada, lo que acelera el impacto social de la desocupación. En términos comparativos, en los últimos doce meses se eliminaron más puestos laborales que durante todo el primer año y medio de la gestión de La Libertad Avanza (LLA).
Los sectores que redujeron personal
Durante el último año, actividades como la minería, el petróleo y la intermediación financiera redujeron su dotación de personal formal, mientras que el resto del entramado productivo muestra un escenario dividido entre el estancamiento y el desplome.
En este sentido, el agro y la pesca apenas registraron un leve incremento marginal mientras que la industria y comercio —ambos generadores de mano de obra intensiva— sufrieron las caídas más significativas del período debido al enfriamiento del consumo local.
Desde el punto de vista geográfico, el mapa laboral aparece fragmentado y con un fuerte sesgo de concentración. Desde el inicio de la gestión de LLA, solo Neuquén y Río Negro lograron mantenerse en terreno positivo. Ambas provincias, impulsadas por la actividad energética, sumaron en conjunto 16.723 trabajadores formales.
En cambio, las restantes 22 jurisdicciones operaron a la baja, consolidando una pérdida conjunta de casi 285.000 empleos.
La persistencia de los números en rojo enciende alarmas entre los analistas, quienes descartan un rebote en el corto plazo mientras la actividad interna no de señales firmes de recuperación.