BUENOS AIRES (ANP).- Un grupo de asociaciones vinculadas a la Justicia criticaron hoy la decisión del Gobierno nacional de modificar los requisitos para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otros cargos judiciales.
El Decreto 467/2026 presentado el martes pasado por el Poder Ejecutivo “no solo limita el escrutinio público, sino que también elimina la necesidad de velar por la igualdad de género y por la diversidad de especialidad y procedencia al momento de proponer candidaturas para la Corte Suprema», señalaron en el documento la organizaciones.
Y destacaron que esa medida «obstaculiza la integración de un tribunal con perfiles diversos y distintas trayectorias, que sea más representativo de nuestra comunidad, y atenta contra el deber estatal de asegurar la igualdad de género en el acceso a los cargos públicos».
El documento fue firmado por Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, Democracia en Red, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Campaña GQUAL.
Los organismos consideraron que los Decretos 222/03 y 588/03 robustecieron la participación ciudadana en los nombramiento de cargos judiciales, al habilitar la presentación de apoyos o impugnaciones a las personas propuestas por el Poder Ejecutivo entre el momento en el que dichas propuestas eran formuladas y el de su envío al Senado.
Además de este documento, este miércoles el abogado Andrés Gil Domínguez presentó “una acción declarativa de inconstitucionalidad” contra el Estado nacional con el objeto de que se declare la invalidez constitucional del artículo 11 del Decreto 467/2026.
Según sostiene la demanda, la modificación introducida por el artículo 11 del decreto implica la derogación de aspectos centrales del sistema instaurado en 2003 y configura una regresión en materia de derechos constitucionales, según detalló Palabras de Derecho.
La medida impuesta por el Gobierno «reduce los mecanisma de participación ciudadana» en el procedimiento de selección de funcionarios judiciales, señaló Gil Domínguez .