BUENOS AIRES (ANP) A partir de julio, AySA presenta un nuevo modelo de factura, con el propósito de que los usuarios del servicio de agua corriente del Área Metropolitana tengan la información detallada de los subsidios que reciben.
La modificación es correcta y atinada, ya que por lo general la población no toma la cabal conciencia de gran parte de que los servicios que consume habitualmente tienen una proporción variable de subsidios que, en definitiva, también son pagados por los usuarios por la vía de una mayor emisión monetaria, endeudamiento, inflación, distorsión de precios relativos… y una de las más elevadas cargas impositivas de la historia argentina.
Precisamente, la información detallada de AySA deja en evidencia que las viejas imputaciones al «Estado bobo» no han perdido vigencia. Por el contrario, ese detalle ofrecido por la compañía deja en claro que la torpeza de quienes administran el sector público sigue vigente en toda su dimensión.
La factura que se eligió como ejemplo lo deja en claro: El Estado subsidia al usuario con $ 350,35, pero al mismo tiempo le cobra impuestos por $ 452,47. De ese monto, $ 416,93 corresponden a un IVA con una alícuota del 21%.
El cálculo es sencillo: con una reducción de la carga impositiva se podría disminuir y hasta eliminar el subsidio sin afectar la tarifa final de la factura, sin impacto fiscal en las arcas del Estado ni en los bolsillos del usuario. La tarea podría extenderse a otros servicios con igual o mayor nivel de subsidios, como los de energía eléctrica o gas natural.
Podría argumentarse que el Estado tiene muchos otros gastos que financiar y que eso tornaría imposible la reducción pretendida. Sólo en el caso de la factura del ejemplo, la alícuota del IVA tendría que bajar del 21% al 3,4%. No se pide tanto, pero una confrontación más amplia entre subsidios e impuestos sorprendería a muchos.
En los primeros cinco meses de 2023, los gastos totales en subsidios a sectores económicos, empresas del Estado y fondos fiduciarios arrojaron un total de $ 1.370.322 millones, equivalentes al 32,6% de la recaudación total del IVA en el mismo período. Dicho de otro modo: 6,8 puntos de los 21 de la alícuota de IVA se destinan al pago de subsidios.
Pero si se prefiere avanzar sobre otros tributos, el gasto en subsidios entre enero y mayo fue equivalente a más de la mitad (el 50,9%, para ser exactos) de lo recaudado en Ganancias. En este caso, la eliminación de los subsidios sería mucho más provechosa que cualquier amague de «alivio fiscal».
Y si no se quiere tocar a los dos impuestos estrella de la estructura tributaria argentina, quizás este dato sea más ilustrativo: el gasto en subsidios en los primeros cinco meses del año fue equivalente a la suma de todo lo recaudado con los impuestos al Cheque, sobre los Bienes Personales, todos los impuestos sobre los Combustibles (gasoil, GLP, naftas, GNC y gas) y el PAIS.
Los datos están disponibles y las propias autoridades económicas son las primeras en saberlo. Pero una de las principales características de un Estado bobo es la ausencia de toma de decisiones.