BUENOS AIRES (ANP).- La ofensiva de Estados Unidos para poner fin a la Corte Penal Internacional (CPI) refleja las contradicciones que tiene Washington con un tribunal independiente que juzga crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio.
En concreto, la Casa Blanca no quiere que se investiguen los presuntos abusos cometidos por militares norteamericanos durante la invasión de Afganistán (2001-2021), ni que se indague o condene a funcionarios de Israel, su principal aliado en Medio Oriente, en la guerra que libra en Gaza contra los palestinos.
Este tribunal permanente, que no forma parte de la ONU, pidió el arresto del presidente ruso, Vladimir Putin, a mediados de marzo de 2023, con el fin de juzgarlo por el presunto delito de deportación y traslado ilegal de niños en las zonas ocupadas por Rusia en la guerra contra Ucrania.
También solicitó el 21 de noviembre de 2024 la captura del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (foto), y del ex ministro de Defensa Yohav Gallant, para que respondan por presuntos crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad cometidos contra los palestinos.
Además, exigió la detención de Mohammed Deif, uno de los líderes del Movimiento de la Resistencia Islámica, Hamas, considerado por Israel como uno de los responsables de planificar los ataques del 7 de octubre de 2023 en el que murieron 1200 personas en el sur israelí, en su mayoría mujeres y niños, y otras 251 fueron secuestradas por el grupo palestino.
Deif fue finalmente abatido por Israel el 13 de julio de 2024, según informes de la cadena británica BBC. Pero Hamas recién confirmó su muerte a fines de enero de 2025.
La CPI, creada el primero de julio de 2002 a través del Estatuto de Roma, tiene dificultades para cumplir con este tipo de detenciones, ya que depende de la ayuda voluntaria de los gobiernos. El organismo independiente de la ONU está formado por 125 países, incluida Argentina. Sin embargo, Estados Unidos e Israel no forman parte de este acuerdo jurídico global.
El tribunal “representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense: se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos”, dijo esta semana el secretario de Estado, Marco Rubio.
Tras acusar a la CPI de inmiscuirse en los asuntos norteamericanos, el funcionario pidió a los aliados de Washington que abandonen el organismo.
“Si esta ofensiva estadounidense logra su objetivo, terminará desmantelando una de las pocas herramientas que, aunque imperfecta, sirve para juzgar crímenes de guerra sin fijarse de que lado del poder está el acusado”, dijo el analista internacional Gustavo Alejandro Cardozo.
En declaraciones a la agencia Nuevas Palabras, el académico del Centro Brasileño de Investigación y Estudios (BRaS), especializado en las relaciones entre América Latina y China, señaló: “Lo que no hay que perder de vista es que esto no es solo una pelea bilateral entre Washington y La Haya”.
“El 7 de febrero de 2025 un total de 79 países, incluidos Alemania, México, Sudáfrica y Canadá, emitieron una declaración conjunta rechazando las sanciones contra la CPI, y ahí quedó claro de qué se trata realmente: ni EEUU ni Israel firmaron el Tratado de Roma. Entonces pueden dedicarse a demoler la legitimidad de la corte”, afirmó el experto.
La CPI está representada por 125 países, incluida la Argentina. El organismo, no obstante, depende de la ayuda voluntaria de los gobiernos para ejecutar cada uno de los arrestos que ordena.
Venezuela, cuyo ex presidente Nicolás Maduro (foto) es investigado por crímenes de lesa humanidad, y Chad se retiraron recientemente de la CPI, con lo cual suman ya al menos cinco países durante el último año, sumados a Burkina Faso, Malí y Níger, informó la organización Amnistía Internacional (AI), con sede en Londres.
La CPI, la Unión Europea y Japón rechazaron las sanciones que impuso el 18 de agosto el Departamento del Tesoro norteamericano contra la presidenta de ese tribunal mundial, la japonesa Tomoko Akane, y el fiscal Abdoulaye Seye, señalando que erosionan el Estado de derecho y el “orden internacional basado en las reglas”.
Durante un reportaje con el diario Página 12, realizado a principios de enero, el ex fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo dijo que la novedad de crear un organismo mundial es que “no hay veto” como existe en el Consejo de Seguridad de la ONU, formado por Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido y Rusia.
“El fiscal, y yo fui el primero, tiene la autoridad de elegir a quién investiga y procesa”, dijo el abogado argentino, especializado en derechos humanos.
Sin embargo, para el gobierno del presidente Donald Trump la corte internacional es un tribunal “corrupto y politizado”. ¿El magnate pensará eso porque no puede controlar a su gusto la CPI?