BUENOS AIRES (ANP).- Los nuevos salarios mínimos que fijó esta mañana el gobierno para los meses de noviembre hasta agosto del año próximo despertaron indignación en varios gremios, entre ellos la CTA Autónoma, que denunció un pacto para «aplastar» los ingresos de los asalariados.
Esta mañana, se publicó en el Boletín Oficial los nuevos montos que rigen desde el 1 de noviembre. El nuevo salario mínimo vital y móvil del mes recientemente finalizado será de $ 328.400, frente a una canasta básica alimentaria que en octubre se ubicó en poco más de $ 392.800. Sobra aclarar que con una inflación mensual estimada en 2,3% promedio para noviembre, ese salario quedaría casi $ 74.000 por debajo del límite de la indigencia.
Los nuevos montos se decidieron luego de que fracasara la reunión del Consejo del Salario y el Empleo —lo que ha venido ocurriendo desde que asumió Javier Milei— y nuevamente fueron puestos en tela de juicio por la CTA.
«El único acuerdo es entre el gobierno y los empresarios para aplastar el salario, la medida fue aplicada de manera unilateral debido a que el Consejo del Salario no logró consensuar un monto entre las tres centrales sindicales y el empresariado», señaló el gremio en un comunicado.
Cabe señalar que los aumentos previstos hasta agosto de 2026 no solo parten de niveles paupérrimos —que se vienen arrastrando desde gobiernos anteriores— sino que además se basan en las expectativas de inflación mensual del propio gobierno.
En este sentido, la CTA culpó a grupos de empresarios «basados en economía de exportación y extractivismo, de commodities, reunidos en la UIA», que se suma a un gobierno «que aplica política basado en esos intereses», según palabras del secretario general de ese sindicato, Hugo «Cachorro» Godoy.
El gremialista también indicó que tales niveles de salario mínimo «es un ancla que tira para abajo toda la escala», afectando a los trabajadores bajo convenios colectivos, a quienes no tienen paritarias como los trabajadores rurales, y a las prestaciones sociales.
«Es un mecanismo de control social, de regulación a la baja de los ingresos de los trabajadores y de maximización de las ganancias del sector empresarial ligado a los importaciones y destruir al mercado interno por reducción de consumo».
En este sentido, Godoy enfatizó que, actualmente, unas 30 empresas están cerrando sus puertas por día en Argentina, dejando desprotegidas a cientos de familias.