BUENOS AIRES (ANP) Los esfuerzos del Gobierno de Javier Milei por sostener el superávit financiero a toda costa, en un contexto de caída de la recaudación y aumento del gasto en términos reales, llevan a meter mano en recursos extraordinarios para asegurar un frente fiscal que se complica mes a mes.
El resultado devengado de la Administración Pública Nacional del primer cuatrimestre arrojó un superávit primario de $8,6 billones, con una mejora interanual del 9,9%, pero por el incremento real del pago de intereses del 67%, el resultado financiero tuvo un superávit de sólo $3,8 billones, con una merma a valores constantes del 22,5% en comparación con el mismo período de 2025, según el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Pero no fueron solamente los intereses los que influyeron en el deterioro del -aún- superávit financiero: en el cuatrimestre, los ingresos impositivos tuvieron una retracción real del 9,7% y no solo por disminución de las alícuotas de los Derechos de Exportación, ya que el descenso se dio en todos los tributos principales.
Para completar el panorama, los gastos corrientes se incrementaron un 0,9% y los totales un 0,7%, debido a la caída del 19,3% en los gastos de capital.
Si se tomaran solamente los ingresos impositivos y de Seguridad Social y se los confrontara con los gastos corrientes, el superávit fiscal pasaría a ser un déficit de $1,4 billón. Un déficit que pudo ser disimulado con una serie de recursos extraordinarios que, en un año prolífico en materia de privatizaciones, promete repetirse.
En ese sentido, los ingresos de capital (básicamente, los US$ 700 millones por las privatizaciones de las centrales hidroeléctricas del Comahue) pasaron de $0,1 a $1,2 billón, con un incremento del 1,472,4%, mientras que los intereses del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) crecieron de $0,3 a $3,2 billones, con una suba a valores constantes del 108,6% Entre los dos conceptos, el Tesoro obtuvo $4,4 billones, más que todo el superávit financiero del cuatrimestre.
El lunes 18, la Secretaría de Hacienda dará a conocer el resultado fiscal pagado o «base caja» que, a diferencia del devengado de la OPC, abarca no solo la APN sino todo el sector público, con el agregado de empresas públicas y fondos fiduciarios.
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