La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) le solicitó al director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, la revisión de la norma que dispuso un anticipo del 15% para un grupo de contribuyentes, por considerar que lo establecido en la Resolución General 5391 hace del anticipo «un empréstito forzoso y gratuito» que «lo convierte eventualmente en inconstitucional».
La entidad consideró que el monto establecido “afectará a numerosas firmas, incluyendo al segmento PyME, en un contexto económico financiero especialmente complicado. De esta manera se neutraliza cualquier ‘alivio fiscal’ que se le otorgue al sector PyME de la Economía”.
Además, la norma no contempla “el cómputo de quebrantos de ejercicios anteriores ni permite la reducción o anulación del anticipo adicional ante la estimación de menores o nulos resultados en el ejercicio en curso, ni admite su cancelación por compensación con saldos a favor de libre disponibilidad que pueda tener el contribuyente”, indicó la Cámara.
«Se insiste en poner la totalidad del ajuste que requiere la economía nacional en cabeza del sector privado, en este caso vía un virtual empréstito gratuito para determinados contribuyentes que disminuirá su capacidad de producir, invertir y dar empleo. Vale agregar que todo lo anterior se ve agravado por lo imprevisto de la modificación, que parece no tener en cuenta que las empresas presupuestan su actividad y su flujo de fondos, los que se ven drásticamente alterados por la obligación de ingresar el anticipo adicional”, manifiestó la CAC en la nota.
Desde la CAC expresaron que “nos encontramos así con una nueva carga fiscal a los contribuyentes que son parte del universo formal, sin procurar generar la disminución de la informalidad, la baja del gasto público y la enorme presión fiscal sobre aquellos que pagan”.
«El deseo de la Cámara es que, tras esta solicitud, representativa del pensamiento de miles de empresas, se derogue la mencionada norma», remarcó la CAC en un comunicado.