BUENOS AIRES (ANP).- La mesa chica de la Confederación General del Trabajo se reunirá esta tarde para acordar los próximos pasos en rechazo de la reforma laboral, que ya está a las puertas de convertirse en ley este viernes en el Senado, sobre el final de las sesiones extraordinarias de febrero.
La cita es a las 15.00 en la sede de UPCN y si bien se descarta otro paro nacional —el de la semana pasada, aunque contundente, no hizo mella en el oficialismo y sus aliados en Diputados— se baraja la posibilidad de una gran movilización al Congreso para repudiar a los senadores que estampen el sello final a la polémica iniciativa.
Otros gremios, tales como la UOM, los aceiteros y los sindicatos de aeronáuticos entre decenas más, planean en cambio ir a un paro, además de la movilización. El tránsito aéreo en particular se convertirá en un dolor de cabeza desde mañana jueves, cuando los controladores inicien una medida de fuerza que se extenderá cinco días, afectando los despegues.
Muchos abogados consultados en los últimos días coincidieron en que la nueva ley se aplicará a cada despido que se produzca desde su promulgación, sin importar la fecha en que comenzó la relación laboral, es decir, contradiciendo aquello que prometió el gobierno de que el nuevo sistema no fuera retroactivo, mientras que otros expertos ven argumentos sólidos para declararla inconstitucional.
Varios especialistas creen que hay elementos como para frenar la normativa ya que suprime derechos adquiridos fundamentales. El veterano Armando Caro Figueroa, quien se desempeñó en el área del Ministerio Trabajo en tiempos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem, calificó con «un cuatro» al proyecto durante una charla ayer con Radio Milenium.
El exfuncionario señaló que al proyecto le falta incluir mejoras mientras que se excede en otras cuestiones, por ejemplo, en el derecho de huelga. En este sentido, consideró que el texto vulnera derechos fundamentales y sostuvo que se trata de «un abuso».
Este sería, a su criterio, la principal debilidad de la ley próxima a sancionarse ya que erosiona ese derecho porque amplía el concepto de servicios esenciales al punto de que la nueva clasificación casi equivale a suprimir el derecho de huelga.
Por otra parte, Caro Figueroa advirtió que si bien la ley busca que haya un crecimiento económico sin despidos, lo primero ocurrirá lentamente mientras que los recortes de personal se producirán mucho más rápido.
Por ello, todo indica que la verdadera pelea en este caso se dará en los tribunales, con muchas probabilidades de llegar hasta la Corte Suprema, cuya decisión podría demorarse. Una dilación sobre el fallo definitivo dejaría a la legislación laboral en un limbo ya que si finalmente el supremo tribunal se pronuncia de manera adversa, abriría la puerta a un sinnúmero de futuras demandas, trayendo más incertidumbre a los empleadores.