BUENOS AIRES (ANP) La deuda pública provincial es de $ 7,96 billones o su equivalente de US$ 22.750 millones, de los que el 49,9% se concentra en Buenos Aires, según un informe dado a conocer hoy por la Fundación Libertad y Progreso (LyP) en base a datos oficiales al 30 de septiembre de 2023.
La información se da a conocer en medio de la discusión entre el gobierno nacional y los provinciales -en particular el del Chubut- debido a la exigencia del primero para que los gobernadores asuman el compromiso contractual de abonar parte de los préstamos otorgados con recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos.
Pero del total de la deuda provincial, el 74,3% corresponde a la emisión de bonos provinciales, el 17% a organismos internacionales de crédito y el 2,7% a bancos, correspondiendo sólo el 6% restante a deuda con la Nación, que incluye al gobierno nacional, al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP).
«Si bien estos son números promedio, el peso de cada acreedor sobre cada jurisdicción varía enormemente», señaló LyP, que destacó al respecto que «para siete provincias (San Luis, Santa Cruz, La Pampa, Formosa, Tucumán, Catamarca y Jujuy) el acreedor mayoritario es la Nación, ya sea directamente el gobierno nacional o a través de los fondos fiduciarios nacionales».
Por su parte, para San Juan y Corrientes el acreedor mayoritario son organismos internacionales de crédito y para las quince jurisdicciones restantes, los acreedores mayoritarios son bonistas que decidieron adquirir los títulos de deuda.
LyP advirtió que «sólo en 6 de las 24 jurisdicciones los ingresos propios, que incluyen a los tributarios y otros no tributarios como las regalías, tienen un mayor peso que las transferencias que se reciben de la nación a través de la CFI (Coparticipación Federal de Impuestos) y otras transferencias del gobierno nacional», lo que da cuenta de «un elevado nivel de dependencia de las transferencias nacionales, automáticas y no automáticas, de las jurisdicciones subnacionales».
También indicó que «todas las provincias, salvo Santiago del Estero, registran deuda con la Nación» y que en 20 casos tienen créditos con el FFDP y el FFFIR, «para los cuales no es inusual poner como garantía fondos coparticipables».
Para Aldo Abram, director de LyP, «los gobiernos provinciales que tienen deudas garantizadas con Coparticipación no pueden pretender que se les refinancie cuando corresponda el cobro» ya que en ese caso, el ajuste correrá por cuenta de un Estado nacional que ya está recortando para no gastar de más,» o bien con emisión monetaria, pagándolas «todos los argentinos por el empobrecimiento que genera la inflación».
«Corresponde que se haga cargo el gobierno provincial que antes se excedió», sostuvo, para agregar que «no es excusa que el que malgastó sea otro gobernador anterior. Cuando uno asume se hace cargo de los problemas heredados, como se está haciendo en la Nación. Si no pueden hacerlo, no se hubieran propuesto para la gobernación».
La provincia de Buenos Aires es la más endeudada, con unos US$11.350 millones, equivalentes a casi 50% del total de deuda provincial. Seguida por Córdoba, que explica el 10% del total, con unos US$ 2.289 millones, y CABA, con US$1.810 millones (8% del total). Sumando Neuquén (4,8%) y Chubut (3,8%), se encuentra que cinco provincias explican el 75% del total de deuda provincial.
Según Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación, «todos los conflictos que estamos viendo alrededor de la deuda provincial no pueden separarse de la medida electoralista del año pasado que fue la eliminación del Impuesto a los ingresos de los trabajadores, que como era coparticipable generó menores ingresos tributarios para las jurisdicciones subnacionales. Obviamente, ahora se enfrentan a la disyuntiva de ajustar su gasto, defaultear su deuda o aumentar los impuestos”
«Sería razonable que las provincias realicen las reformas para devolver la sostenibilidad a sus cuentas fiscales y poder honrar sus deudas. La realidad es que gran parte del gasto recae sobre las provincias, por lo que no pueden quedar disociadas de la delicada situación económica que vive la nación en su conjunto”, finalizó.