BUENOS AIRES (ANP).- La Comisión de Enlace de las entidades del campo llamaron a los legisladores a «no convalidar» el intento del Gobierno de realizar una serie de modificaciones tributarias que implicarían un «impuestazo» fiscal para el sector.
En un comunicado conjunto, las entidades Coninagro, Sociedad Rural, CRA y Federación Agraria expresaron su preocupación «ante la separata que el Poder Ejecutivo incluyó como anexo del Proyecto de Ley de Presupuesto 2024», que apuntan a cambios sustanciales en la legislación impositiva para el campo.
También la entidad CARBAP expresó su rechazo a la movida en un comunicado, que fue respondido en la red social X por el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo.
«Lamentablemente distintos sectores que representan a la producción primaria intentan sembrar un miedo innecesario entre los productores ante algo que no es intención del Gobierno», contestó el secretario.
Bahillo aclaró que el Gobierno envió una separata que contiene beneficios impositivos para todos los sectores económicos, y aseguró que «no es intención de nuestro espacio modificar la situación impositiva de los pequeños y medianos productores, ni del sistema cooperativo».
Sin embargo, desde la Mesa de Enlace señalaron que si estos cambios prosperan, los productores deberán enfrentar un fuerte incremento de la carga fiscal que redundará en «menor actividad, desaparición de productores y estancamiento productivo».
Asimismo, la Mesa recordó que «dentro de la cadena la traslación impositiva se hace sobre el eslabón primario, como viene sucediendo largamente».
En este sentido, insistieron en «apelar a los legisladores a no convalidar la presentación del Ejecutivo para no reiterar errores, porque ya conocemos los resultados que provocarán, en el marco del déficit fiscal y el aumento de presión impositiva».
De acuerdo al comunicado de los ruralistas, algunas de los incentivos en juego con la modificación propuesta por el Gobierno son la exención de inmuebles rurales en el cálculo de Bienes Personales, el IVA a arrendamientos de tierras rurales, la reducción de la alícuota del IVA a carnes, frutas, legumbres y hortalizas, y la valuación de la hacienda, entre otros.